¡LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PLAYAS NAYARITAS! Tercera Parte

Saludos mis estimados lectores. Hoy abordaremos la tercera parte de la transcripción del reportaje del periodista PEDRO ZAMORA BRISEÑO para la revista PROCESO.

Paraíso policíaco

Bajo un campamento improvisado con palapas, dos agentes de la Policía Estatal custodian permanentemente la entrada a El Playón y con grandes piedras bloquean el paso de vehículos.

Aquí se encuentra el polígono El Playón del Llano, donde, según se registra en un documento obtenido por el reportero, el Fibba planea construir un club de playa con una inversión de 50 millones de pesos.

El presidente de la Asociación de Colonos de El Playón, Javier Torres Landa, también acusa al Fibba de los daños y perjuicios ocasionados en la colonia Paraíso Escondido por la demolición de varias construcciones, bardas e infraestructura hidráulica y sanitaria.

Hasta ahora, en diversos procedimientos jurídicos, el Fibba se ha deslindado de lo ocurrido y, a pesar de que el predio está registrado a su nombre, niega haber colocado la cerca perimetral y haber ordenado la vigilancia y las demoliciones en el área.

Sin embargo, Torres Landa logró que un notario diera fe del momento en que el encargado de la vigilancia por parte de la Policía Estatal, Christian Cardona, dijo que estaban ahí por órdenes del Fibba.

En el crucero de Tonino, una madrugada de diciembre de 2007, policías vestidos de negro se introdujeron a la casa donde César Osvaldo Valle Robles vivía con su esposa y sus dos pequeñas hijas, en un predio ejidal heredado de su padre. Su hermano Alejandro narra que los agentes tuvieron ahí afuera a la familia mientras sacaban los enseres domésticos y los subían a un camión del servicio público. Inmediatamente, trabajadores con maquinaria pesada recibieron la indicación de demoler la casa.

Al día siguiente, César, Alejandro, un sobrino y un cuñado de ellos, así como un abogado, fueron a ver el lugar donde estaba la casa. Elementos de la procuraduría los detuvieron y trasladaron a Tepic. Salieron libres 12 horas más tarde, tras la intervención del senador perredista Francisco Javier Castellón Fonseca.

Alejandro Valle señala que el terreno en disputa tiene una superficie de 16 hectáreas y es reclamado por el Fibba como parte de los predios expropiados en el ejido La Peñita de Jaltemba, pero agrega: “Mi padre murió en 1973 y no sabemos que le hubieran pagado algo, y a nosotros tampoco”.

Hasta el momento, el único proyecto iniciado en la zona es el desarrollo turístico residencial Punta Raza, ubicado en la playa del mismo nombre, sobre una superficie de 293 hectáreas expropiadas al ejido La Peñita de Jaltemba y con una inversión prevista de alrededor de 118 millones de dólares.

Promovido por el grupo empresarial C&C Capital, cuyos socios principales son Héctor Cárdenas y Carlos Brockmann, el proyecto Punta Raza se apropió de alrededor de 2.5 kilómetros de un camino construido por los ejidatarios en la zona federal, acusa Flavio Gómez.

El Instituto de Derecho Ambiental A.C. presentó en octubre pasado una denuncia popular ante la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Las irregularidades no paran. En Chacala, el Fibba vendió un polígono de 38 hectáreas a la empresa Promotora Chacala S.A. de C.V., encabezada por el empresario tapatío José Álvaro Martínez de la Peña. Como resultado de la transacción, quedaron cercados con malla ciclónica un camino real utilizado desde tiempos de la Colonia y un tramo de la calle principal del pueblo, que conduce a los dos hoteles más antiguos de la comunidad.

En julio de 2008 fue colocada una cerca de malla ciclónica y fueron desalojados, mediante el pago de indemnizaciones de diversos montos, los propietarios de una veintena de viviendas y pequeños restaurantes asentados frente a la playa. En cuanto salieron, los inmuebles fueron demolidos con maquinaria pesada.

Leobardo Muñoz, un pescador que ha vivido más de 30 años en una parte del terreno, es el único que no ha dejado el lugar porque promovió un juicio de amparo para evitar ser desalojado de la casa en la que vive con su esposa y sus ocho hijos, dos de ellos casados, con sus respectivas familias. Varias veces le han ofrecido dinero para que se vaya, pero él no cede, pese a que le dicen que de todas formas los iban a sacar sin darles indemnización.

Actualmente, dos agentes de seguridad privada controlan el paso de personas y vehículos por esa zona.

¡Caray!, que triste y que vergonzoso que nuestro gobernante cimiente el titulo de embajador plenipotenciario del turismo de México en su visita a España, con el desalojo y el sufrimiento de aquellos otrora propietarios del hoy paraíso de la “Riviera Nayarita”, hasta la próxima mis amigos, nos seguiremos viendo. El día de mañana le continuaremos con el tema.