¡LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PLAYAS NAYARITAS! Segunda parte

Saludos mis estimados lectores. Hoy abordaremos la segunda parte de la transcripción del reportaje del periodista PEDRO ZAMORA BRISEÑO para la revista PROCESO

Represión y tortura

De acuerdo con testimonios recabados por Proceso en las comunidades de la zona, los habitantes que opusieron resistencia a los desalojos y al cierre de caminos sufrieron amenazas, persecución, encarcelamiento y hasta tortura de policías de la entidad.

El caso más grave fue el del pueblo El Monteón, donde en mayo del año pasado policías antimotines y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado golpearon y sometieron con gases lacrimógenos a decenas de lugareños que pretendían llegar a la playa Canalán.

En ese lugar, los empresarios Ricardo Miguel Santa Cruz Mahoney y Juan Cristóbal Bremen Villaseñor adquirieron 25 hectáreas de uso común del ejido, incluyendo el camino original al mar; a cambio, abrieron un acceso alterno por una área pantanosa.

Sergio Montes Virgen, testigo de la represión –de la que existe un video disponible en el sitio de Internet YouTube–, recuerda que en el operativo fueron detenidos 12 hombres y cuatro mujeres, a quienes se les consignó bajo varios cargos, entre ellos el de agresión a los policías.

Hermano de una de las víctimas, Montes Virgen denuncia que los detenidos fueron torturados por agentes de la procuraduría para que se autoinculparan y dijeran quién era el líder del movimiento, pero nadie habló. En las semanas siguientes salieron bajo fianza, pero hasta la fecha tienen que ir a firmar al juzgado.

En este pueblo, donde la venta del terreno a los inversionistas fue realizada directamente por el ejido La Peñita de Jaltemba, un grupo de ejidatarios, entre ellos Flavio Gómez Covarrubias, denuncia que la operación se efectuó de manera ilegal, pues se violó el amparo 557/2007, interpuesto contra la regularización del ejido a través del Procede, pues algunos miembros de la mesa directiva y sus allegados se apropiaron para su beneficio particular de terrenos de uso común del ejido, según los argumentos de la demanda.

En un recorrido realizado por las playas Chacala, Boca del Naranjo, Canalán, Punta Raza, Las Cuevitas y El Playón, ubicadas en el municipio de Compostela, el reportero corroboró que la mayor parte de las entradas están actualmente resguardadas por elementos de la procuraduría estatal, del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de empresas de seguridad privada, que controlan el acceso de turistas y lugareños.

Cientos de metros antes de llegar a Boca del Naranjo, donde se encuentra parte de los terrenos vendidos al Fonatur para la construcción del centro turístico El Capomo, hay un retén donde elementos de la procuraduría estatal impiden el paso a los vehículos. A quienes pretenden bajar caminando los interrogan y se registran en una libreta sus nombres, lugar de origen y motivo de la visita. A la orilla del mar, uno de los policías patrulla en una cuatrimoto.

En la zona federal todavía quedan sobre la arena restos de las palapas de los pequeños restaurantes que fueron desalojados el año pasado. No todos recibieron indemnización.

María Reynalda Camacho Peña, habitante de La Lima de Abajo, fue la última en salirse. Denuncia que, ante su resistencia a dejar el negocio con el que sostenía a su familia, su palapa fue incendiada mientras comían ahí unos turistas canadienses.

En el acceso a la playa Las Cuevitas hay un portón que permanece parcialmente cerrado y bajo la vigilancia de varios agentes a bordo de una patrulla del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Su trabajo es tomar nota de cada vehículo que entra al lugar. Un letrero advierte que se trata de una propiedad privada y, con muchas condiciones, establece como horario de acceso a la playa de las 9:00 a las 19:00 horas.

“A nosotros nos robaron”, dice Juan Franco, representante de un grupo de ejidatarios inconformes con las liquidaciones que les pagó el Fibba por las 304 hectáreas de uso común expropiadas al ejido El Capomo: 110 mil pesos por hectárea, apenas 11 pesos el metro cuadrado.

No obstante, de acuerdo con copias de recibos firmados ante la mesa directiva del ejido, cada uno de los 303 ejidatarios recibió, por varios conceptos, un total aproximado de 190 mil pesos.

Juan Franco afirma que el fideicomiso descontó a cada ejidatario una cantidad, que no precisa, para pagar 25 hectáreas a los campesinos que fueron expropiados en la zona de Las Cuevitas. Pero como no se les reintegró ese dinero, consideran que ese predio pertenece al ejido.

¡Hijole!, no cabe duda de que el reportaje realizado por la revista PROCESO se pone de lo más interesante, pero como el espacio de esta su columna es muy pequeño, ni hablar, le tendremos que continuar el día de Mañana. Hasta la próxima mis amigos, nos seguiremos viendo.