TRANSPARENCIA

Saludos mis estimados lectores. Hace unos cuantos días recibí un correo electrónico del Consejero y Fundador de Claridad y Participación Ciudadana, A.C. Ing. Armando Guadiana Tijerina, en el cual expone las Conclusiones de la Expo Deuda 2012. Pues bien, dado la opacidad con la que se maneja el gobierno del estado de Nayarit, respecto al monto real de la deuda publica, tan es así, que los Nayaritas solo sabemos de oídas de que la deuda anda ya por el orden de los 10 mil millones de pesos, y eso por declaraciones del gobernador, pero de ahí en adelante, nada de nada.

Aquí debemos de señalar que a estas altura del partido (a un año de haber arribado el gobierno de la gente), nadie ha informado pormenorizadamente a la ciudadanía de cuanto se debe realmente, es mas, ni siquiera los supuestos poseedores DEL PRIMER LUGAR NACIONAL EN TRASPARENCIA FISCAL se han dignado en publicar el segundo informe trimestral de deuda publica de 2012, a pesar de que ya han transcurrido mas de 45 días de haber vencido el plazo para su publicación (15 de agosto de 2012), pues a la fecha esta brilla por su ausencia.

Ustedes se preguntaran, ¿qué importancia tiene si ya la SHCP publicó su informe? Ah mis estimados, por la sencilla razón que en el informe estatal podemos examinar lo que ha hecho el gobierno con la dichosa restructuración de adeudos, además, para saber que tanto han incorporado como deuda publica de los adeudos a terceros institucionales, pues es aquí donde se encuentra realmente el grueso de la deuda, por no querer decir, de los recursos que andan bailando, o en su defecto, los que se birlaron en la pasada administración, pues es inconcebible que el gobierno actual no sepa a un año de haber tomado posesión, a donde fueron a parar tantos miles de millones de pesos, bueno, ya de perdida que nos informen en que los invirtieron o en que o como los gastaron.

Ni hablar, ante esta opacidad manifiesta del estado, (pues a este gobierno no le gusta mirar para atrás), cobra suma importancia la reforma recién aprobada por el Senado de la Republica a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues aunque a esta no la dotaron de dientes, es todo un logro el obligar por ley a que todas las entidades publicas informen realmente sus pasivos, así como en que y como gastan los recursos públicos. En fin, un hurra para los Senadores. Ahora… solo espero que los diputados federales la enriquezcan, para que sea mas trasparente la rendición de cuentas en México. Pero sin duda alguna también es muy importante que las autoridades escuchen las propuestas de la sociedad civil, como por ejemplo la que a continuación les presento, pero por problemas de espacio se las tendré que dar a conocer en dos partes.

Iniciamos: En el marco de la Expo deuda 2012, hemos recogido diversas inquietudes en nuestro recorrido por distintas entidades federativas, en torno al exceso en el que incurren los Gobernadores en la contratación de deuda en perjuicio del desarrollo futuro de sus estados, con una constante que refleja corrupción en el proceso de contratación y en el proceso de destino de los recursos que obtienen a través de deuda, representando un negocio jugoso para la banca privada, la facultad discrecional de los Gobernadores para endeudar sus administraciones, de ahí que con el ánimo de que la labor que iniciamos, sea propositiva, es que planteamos la necesidad de reformas legales que permitan mayor transparencia y responsabilidad en la contratación de deuda y su inversión, así como mayores candados de control a la banca, de tal manera que la estrategia de endeudamiento no continúe siendo el mecanismo para obtener dinero “licito” y fácil para financiar campañas políticas o motivar el enriquecimiento indebido de funcionarios públicos, reformas que proponemos en los siguientes términos.

1.- Es incuestionable que el secreto bancario debe prevalecer como una garantía individual que de certeza a los ciudadanos de que el manejo de sus recursos personales no puede ser divulgado por las Instituciones Financieras, a menos de que exista resolución judicial en tal sentido; sin embargo dicha figura jurídica no debe prevalecer a favor de ningún Ente de gobierno que maneje recursos públicos, más cuando hoy en México se discute como tema toral de nuestra evolución democrática, la transparencia para garantizar el correcto uso de los recursos públicos, es decir, jamás deben de adoptar ni los gobiernos, ni la banca como garantía propia el secreto bancario, de ahí que proponemos una adición al Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que se precise puntualmente: que tratándose de cualquier Ente de gobierno, organismo público autónomo o desconcentrado, o de fideicomisos públicos, no aplica el secreto bancario, por lo que el movimiento de sus cuentas bancarias es público y debe en consecuencia ponerse a disposición de cualquier ciudadano que de manera justificada requiera dicha información, ya sea que en la justificación alegue un interés legítimo que puede ser colectivo, o jurídico.

2.- En lo que respecta a la contratación de créditos por parte de cualquier órgano de Gobierno, organismo público desconcentrado o descentralizado o fideicomiso público, proponemos una adición al artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual se establezca que  los bancos con los que pretenda contratarse deuda, deberán hacer público a través del Diario Oficial de la Federación la solicitud de contratación del crédito, cuando menos 30 días previos a su otorgamiento, debiendo precisar el monto del crédito solicitado, el destino o causa por la cual se solicita  y las condiciones generales de contratación, como lo son enunciativamente plazo pactado para pago e interés a pagar. Aquí le paramos y nos veremos en nuestra próxima columna, hasta pronto mis amigos, nos seguiremos viendo.

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